¿Mercado de Capitales o Mercado de Funcionarios?

por Eduardo Barreira Delfino

martes, 04 de diciembre de 2012

Días pasados fue aprobada por el Senado de la Nación, la nueva ley del mercado de capitales, con el respaldo de loables intenciones, como ser, promover la participación en el mercado de capitales de pequeños inversores, asociaciones sindicales y organizaciones profesionales, estimular la conformación de un mercado de capitales federalmente integrado, con el fin de facilitar los procesos de ofrecimiento al público de valores negociables y modernizar su funcionamiento.

Todo ello, a fin de preparar el escenario que haga factible fomentar la inversión, a través de instrumentos sencillos y baratos, y financiar a las empresas mediante la emisión de obligaciones o acciones, de modo de que nuevos proyectos se pongan en marcha, se generen nuevos empleos y se paguen impuestos, para beneficio del conjunto de las actividades económicas y sociales.

Tan bienvenidos propósitos parecieran ajenos a nuestra realidad actual, donde fácil resulta advertir que el 98 % de la ciudadanía no tiene idea de los que es un mercado de capitales, que el volumen operativo del mercado es insignificante, que las únicas empresas que concurren al mercado no presentan proyectos de emisión de capitalización (acciones) sino de endeudamiento (obligaciones negociables) y que a las pequeñas y medianas empresas no les interesa concurrir o no pueden acceder.

Tales postulados hacen recordar, por su similitud, a los motivos que inspiraron la sanción de la ley 17.811, en el año 1968, sin que nunca se insinuara una Política de Estado diáfana, consensuada, sustentable y sostenida, en materia de difusión, promoción, incentivos al inversor y estabilidad económica como seguridad jurídica.

Tal vez comiencen, ahora, a soplar nuevos vientos.

Lo que es fácil de observar en la nueva ley, es la consolidación de una mayor regulación estatal del mercado y de los agentes, dotando de mayores potestades a la autoridad de aplicación de la nueva ley, aspecto muy preocupante debido a que, la experiencia nacional demuestra que siempre ha resultado negativo dotar de mayor ingerencia a los organismo públicos (en este caso la CNV), en el funcionamiento de los mercados.

Nuestra experiencia nacional acredita que, el excesivo intervencionismo en la praxis regulatoria, casi siempre es ejercida por los funcionarios que se desempeñan en forma omnipotente, discrecional, localizada, direccionada y arbitraria. Ese tipo de gestión, generalmente van a producir los efectos contrarios a los invocados en los fundamentos y objetivos que inspiraron la iniciativa legal, y que, elípticamente persigue fundamentar la obtención de un mayor intervencionismo gubernamental.

La historia señala dos modelos bien diferenciados, para el funcionamiento de los mercados:

• Cuanta mayor libertad de actuación en los mercados se reconozca a la iniciativa privada, con la complementación del oportuno contralor del Estado, los mercados resultan ser más eficientes en la asignación y distribución de los recursos.
• Cuanto mayor sea la intervención reguladora del Estado en la actuación de la iniciativa privada, condicionándola o limitándola en sus proyecciones naturales, los mercados se desvanecen, se atrofian, hasta hacerlos languidecer, en detrimento del conjunto de la sociedad.

Pareciera que el nuevo modelo de capitales estatuido, posiblemente tienda a perturbar las alternativas y los canales de distribución de recursos y reducir las alternativas de financiación de las empresas, precisamente, porque el mayor intervencionismo estatal siempre desalienta la participación de los inversores y ahorristas, en razón de la incertidumbre que siempre genera la actuación de los funcionarios públicos por sus inestabilidades funcionales y sus simpatías partidarias (o inconfesables). Y no olvidar la inflación, enemigo del ahorro y la inversión.

En síntesis, la iniciativa privada dentro de los controles pertinentes, siempre suma y agiliza la dinámica y torna eficiente el rol de los mercados en beneficio del conjunto de la sociedad; por el contrario, el intervencionismo estatal, siempre resta y resiente esa dinámica y hace ineficiente ese rol de los mercados, ya que solamente benefician a algunos que rara coincidencia son los bendecidos de turno.

El Estado debe orientar la dinámica de los mercados hacia el desarrollo del país y supervisar los comportamientos de los agentes actuantes, no subordinarlos a sus designios e instrucciones, porque no comprenden las fuerzas psicológicas tan diferentes que mueven a los participantes, conforme esa mano invisible que representa la ley de la oferta y la demanda.