La UIF en el centro del debate

por Juan Luis Depetris

miércoles, 03 de marzo de 2010

La reciente remoción de las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) pone de relieve las carencias y debilidades de un organismo que ha mostrado desde su creación serias limitaciones prácticas en la ejecución de sus tareas.

Los ecos y rumores recientes sobre sospechas de injerencia política al más alto nivel profundizan un debate acerca de la débil y manoseada estructura de la UIF, y evidencian el desinterés de las autoridades, la falta de voluntad política de los gobiernos y la negligencia del Estado en la implementación de políticas públicas de largo plazo.

Lo cierto es que aún cuando deban reconocerse avances reales en los últimos años en la implementación de estándares internacionales para el sistema local de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y particularmente en el sistema financiero, la realidad indica que Argentina aún tiene un sistema endeble en el cual la institución encargada de centralizar y profundizar el análisis información crítica funciona deficientemente.

Basta echar un vistazo a las estadísticas publicadas por la propia UIF en su página web para comprender un poco mejor la magnitud de esta situación:

• Desde el 2002 al cierre de 2009 la UIF recibió 5.924 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para analizar.
• Sólo el 20,4 % de los ROS (1.211 casos) han tenido resolución, de los cuales 776 casos han sido derivados al Ministerio Público.
• El 79,5 % de los casos se encuentra “bajo análisis” según las estadísticas publicadas por la UIF.

 La falta de recursos materiales y humanos es sin duda un aspecto significativo si se analiza la performance de la UIF, y ha sido materia de cuestionamiento en diversos sectores políticos, judiciales y de organizaciones locales e internacionales.

 Un dato que vale la pena mencionar es la notable incidencia de los bancos como generadores de ROS (81,3 % del total hasta la fecha), hecho que merece dos valoraciones. Por un lado cabe destacar el alto grado de cumplimiento y la rápida respuesta de los bancos en la adopción de políticas y procedimientos de prevención antilavado exigidos por la regulación local. Sin embargo debe reconocerse la tendencia generalizada en las instituciones financieras a generar un alto número de ROS, ante el temor que genera la carga de responsabilidad impuesta por la legislación vigente, lo cual se ve agravado por la dificultad que genera estimar el grado de sospecha o inusualidad de una transacción.

Algunos críticos mencionan como un problema de fondo, junto a la falta de recursos, el perfil organizativo que el legislador ha querido otorgar a la UIF local, dotándola de facultades limitadas para el análisis de casos y transformándola en un mero nexo receptor de cuantiosa información, sin posibilidades prácticas para profundizar el examen y generar valor agregado en la investigación.

La importante demora en la resolución de casos ha sido puntualmente mencionada en dos recientes trabajos emitidos a fines de 2009. Uno de ellos elaborado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y otro realizado por la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas, la cual funciona como órgano asesor independiente en la órbita del Ministerio de Justicia. El gobierno descuenta que habrá críticas en el mismo sentido en el próximo reporte del GAFI sobre Argentina, que se espera sea emitido próximamente.

Frente a este contexto, cabe esperar que la reciente designación de las nuevas autoridades del organismo constituya un punto de partida para el relanzamiento y reorganización de la UIF. Para ello será necesario que se otorguen al organismo recursos suficientes, se instituya una dirección altamente profesional ajena a las voluntades políticas del momento, y se articulen y profundicen verdaderos canales de información entre los distintos organismos de control.