Aprueban finalmente regulaciones para uso de celulares en bancos

jueves, 18 de noviembre de 2010

Tal como había adelantado LA MAÑANA en su edición del lunes pasado, la Legislatura aprobó un programa contra el uso indebido de celulares. Prevé registrar en libros especiales la venta de chips y 15 días de arresto para quienes utilicen el aparato dentro de las entidades bancarias.

Con la intención de aportar un elemento más en la lucha contra el delito, la Legislatura de Córdoba aprobó ayer un proyecto de ley que propone prohibir el uso de celulares en el interior de los Bancos de la provincia tanto a usuarios como a empleados. Quienes incumplan con esta exigencia tendrán una sanción de arresto de hasta 15 días, según el proyecto de ley presentado por el legislador de Unión por Córdoba (UPC), Juan Brügge.

Tal como había adelantado LA MAÑANA en su edición del lunes, a pesar de que las disposiciones internas de las entidades bancarias, prohíbe el uso de dispositivos de telefonía en el interior del edificio, lo cierto es que en la actualidad muchos hacen caso omiso a la directiva. Por eso es que se buscará por ley regular este funcionamiento.

En este sentido, cuando ingresó el proyecto a la Unicameral, Brügge había aclarado que esta exigencia recaerá particularmente en los empleados de los bancos “sobre todo porque son los dateros”.

Asimismo la iniciativa establece la creación del Programa de Prevención y Lucha contra el uso indebido de la telefonía celular en la comisión de delitos, a través del cual distintas órbitas del gobierno provincial ejecutarán acciones en conjunto para palear la problemática del delito vinculado a la comercialización de estos aparatos y sus componentes.

Para ello, el legislador oficialista propuso la creación de diversos libros por parte de los comerciantes en los que quedarán asentados la compraventa de chips, aparatos usados, reparados y nuevos tanto en forma mayorista como minorista. Luego estos datos engrosarán un registro provincial de Comercialización de Equipos de Telefonía Móvil Usados y de Tarjetas Sim que también se crea en este proyecto de ley.

Aquellos comerciantes que incumplan lo establecido en el proyecto de ley serán sancionados con penalidades que van desde treinta a sesenta días de arresto, hasta la clausura del comercio.

Al respecto Brügge había señalado que “si bien se comunica a la empresa cuando se roba un celular para que anulen la línea, ese celular es reactivado en forma ilegal y usado en delitos, entonces nosotros queremos que en cada unidad judicial haya un formulario muy simple y sencillo para denunciar el robo, pérdida o hurto del celular, en donde no se tardará más de cinco minutos en llenarlo y no se tiene que hacer cola porque es un formulario que se pide, se llena, se firma y se entrega a la autoridad policial”, manifestó el legislador a Conclave Político.

En tanto, la iniciativa dispone como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno provincial y la Fiscalía General, quienes serán los responsables de llevar los registros. En este sentido la ley les prohíbe dar a conocer de cualquier modo los datos que se consignen en dichos registros.

También se autoriza a las fuerzas de seguridad provincial y federal para requerir a los titulares de los comercios y agencias mencionados la exhibición de los libros respectivos, quienes tienen la obligación de exhibir estos datos.

El legislador Brügge había señalado que “con estos registros lo que queremos es que estando en manos de la Fiscalía General estos registros, cuando se secuestre un celular en un operativo policial, básicamente se pueda hacer el rastreo que corresponda”.

La ley propone también la creación de una Comisión de Seguimiento del Programa, integrada por representantes titulares y suplentes del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Justicia, de la Legislatura, del Poder Judicial, del Ministerio Público y por el Jefe de la Policía o el funcionario policial que él designe.

El legislador integrante del bloque de la mayoría destacó en los fundamentos del proyecto que el registro podrá ser utilizado “para facilitar el combate de los delitos de extorsión, amenazas, estafas, secuestro y de la delincuencia organizada, entre otros”.

Fuente: La Mañana de Córdoba