Ley de entidades financieras / Críticas de AEA, la UIA y la CAC

Para los empresarios, la banca no debe ser un servicio público

viernes, 01 de octubre de 2010

Según su visión, así se convertiría "en una concesión del Estado" y provocaría incertidumbre

Las más importantes asociaciones de empresarios destacaron ayer en el Congreso la importancia de discutir una nueva ley de entidades financieras, pero coincidieron en cuestionar aspectos centrales de la iniciativa que se está tratando en el Parlamento, que propone una mayor regulación del sector, y en declarar la actividad como "servicio público".
Ese proyecto fue presentado por Carlos Heller, diputado de Nuevo Encuentro, un bloque aliado al oficialismo. Es una de las tres iniciativas para modificar la ley 21.526, actualmente bajo tratamiento de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, presidida por el ex presidente del Banco Central Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica). Los otros dos proyectos son de Federico Pinedo (Pro) y de Gerardo Milman (GEN).

Las exposiciones ayer estuvieron a cargo del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez; del vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Alberto Grimoldi, y del presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos.

Fueron los protagonistas de la tercera ronda de consultas de la comisión, ante la que ya habían expuesto representantes de asociaciones de usuarios de bancos y de las pymes.

Tras agradecer la invitación de la comisión y elogiar el método de consultas dispuesto para el tratamiento de las iniciativas, las tres entidades llamaron a desarrollar el mercado de créditos y dejaron sentadas sus objeciones respecto de puntos centrales del proyecto de Heller, vicepresidente de la Comisión de Finanzas y presidente del Banco Credicoop.
"La AEA considera que no es conveniente declarar la actividad financiera como servicio público, convirtiendo a la banca en una concesión del Estado", dijo Campos ante los diputados presentes en la reunión de la Comisión de Finanzas, todos ellos de la oposición.

"Determinar a la actividad financiera como servicio público no resultaría adecuado, dado que quedaría sujeta a indefiniciones, generando incertidumbres sobre sus alcances", coincidió Méndez.

Desincentivo

Además de cuestionar la declaración de la actividad financiera como servicio público, Méndez, Campos y Grimoldi criticaron las propuestas para fijar límites de mercado a los grandes bancos, para implementar una mayor regulación a las entidades extranjeras, para fijar un techo a las tasas activas para las pymes y para asegurar un porcentaje mínimo de la cartera de créditos destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
"Es importante evitar desincentivar el crecimiento y las inversiones de las entidades más exitosas y competitivas para no frenar el crecimiento. Esto no implica que no se deba regular el sistema para resguardar la competencia", afirma el documento sobre el que basó su exposición Grimoldi.

"La imposición de participaciones en el total de la cartera omite que no todos los bancos se dirigen al mismo segmento de riesgo, ni se dedican al mismo tipo de financiamientos. Existen argumentos para pensar que ello podría generar una caída en el financiamiento total al sector privado, sin que aumenten los préstamos a Mipymes", sostuvo Méndez.
Los directivos de las tres entidades también coincidieron en que las regulaciones específicas sobre tasas de interés deben quedar a cargo del Banco Central. "Toda regulación debe estar sustentada en la preservación de la solvencia y la defensa de los ahorros del público, y debe ser ejercida por la autoridad competente, que es el BCRA", afirmó Campos.

La AEA, la UIA y la CAC también coincidieron en destacar algunos puntos que consideran positivos de las propuestas para reformar la ley.

Entre ellas, la intención de aumentar el nivel de bancarización, de promover la regionalización del crédito, la creación de una defensoría del usuario, la elaboración de un código de buenas prácticas y de transparencia y la nacionalización del Fondo de Garantías de Depósitos, destinado a resguardar los depósitos de pequeños ahorristas ante eventuales crisis. 

Fuente: La Nación