“El que viene a invertir a la Argentina, debe saber que está sujeto a cambios”

martes, 21 de julio de 2009

El abogado Gustavo Torassa, socio director del Estudio Bulló, analizó cómo impacta el incierto panorama y la inseguridad jurídica en las inversiones en este país.

Un buen momento para poner en la balanza los aciertos y desaciertos del año es cuando se acerca su fin. Aunque, también, se logra una interesante perspectiva a mitad de camino, luego de seis meses de recorrido. Desde esta óptica, Gustavo Torassa, socio director del Estudio Bulló, profundizó en las principales inquietudes que le transmiten sus clientes cercados por la crisis interna y la global.

Reducción en la actividad económica, gripe porcina, sequía en el agro, descontrol de los gremios que piden aumentos salariales por encima de lo que pueden absorber las empresas: "aquí tenemos nuestra propia mini crisis", resumió Torassa.

Desde su posición de liderazgo dentro del Estudio Bulló, que cuenta con 181 abogados, el experto advirtió a iProfesional.com que en el terreno de las inversiones el panorama se complica todavía más por la imperante inseguridad jurídica.

“El que viene a invertir a la Argentina, debe saber que está sujeto a cambios. En sólo dos meses puede pasar que lo que era intangible ya no lo es más; así está funcionando nuestro país”, se quejó.

-¿Cuánto influye la inseguridad jurídica al momento de invertir?

-Me parece que influye el marco general de la Argentina donde el empresario que viene a invertir sabe que hay reglas, pero también que pueden ser cambiadas por el gobierno de turno, y en función de consideraciones que no estaban presentes al momento de dictarse una ley.

Quien viene a invertir al país tiene que hacer el análisis de que el marco contractual, bajo el cual realiza una operación, puede ser modificado. No es lo ideal. No se puede hacer un cálculo del retorno del capital invertido. Si hay una buena oportunidad de negocio, siguen interesados pero tiene que haber un retorno de inversión muy importante.

En esa línea, criticó la incertidumbre con la que se maneja la Argentina, en cuanto a las leyes y el cambio de escenario que espantan la llegada de nuevos inversores. “Esta idea del Estado, incorporándose a las empresas por vía de la ANSES, esta intervención de la Secretaría de Comercio, la presión que hay por los costos”, enumeró.

“Obviamente, las compañías internacionales están acostumbradas. Pero si uno tiene reglas de juego claras, uno sabe qué partido está jugando. Lo que busca el inversor es cierto marco de seguridad”.

-¿Cuáles son las principales áreas de preocupación que reciben en el Estudio Bulló?

-La mayor preocupación de los empresarios hoy es mantener el negocio funcionando. Hay una mirada un poco más profunda sobre el tema de costos. Los proveedores están atentos a eso y lo analizan en función del producto o servicio que brinda cada competidor.

Con tono esperanzado, el experto relató que distingue un “resurgimiento” en el horizonte. “En principio hay una reducción en la actividad económica, pero se vislumbra una mejora y un crecimiento para comienzos de 2010”, apuntó, y agregó que es el momento para estar muy cerca del cliente y acompañarlo para que pueda capear el temporal.

Otra inquietud que surge en los empresarios es por la creciente actividad de las acciones colectivas en defensa del consumidor que pueden tener un efecto patrimonial devastador en las compañías.

Estas son las principales consultas que recibe de sus clientes, en su mayor parte bancos, telefónicas y aseguradoras, a los que prepara preventivamente para afrontar este tipo de demandas, pueden costarles hasta $5 millones a las compañías, ya vapuleadas por la crisis global y local.

“Es un tema de preocupación porque en los últimos años han explotado las demandas de todo tipo en donde las asociaciones de consumidores plantean acciones donde piden la revisión, por ejemplo, de las comisiones cobradas por los bancos o los costos que se le imputan a las transacciones a los consumidores”, se explayó.

-¿Cuáles son los ejemplos más comunes de las acciones de clase?

-El tema del overbooking de las aerolíneas o cualquiera de estas medidas que antes eran prácticamente normales, habituales y aceptadas, incluso por los entes reguladores, ahora pasan a ser discutidas en demandas colectivas de asociaciones de consumidores y eso puede llegar a tener un impacto patrimonial sobre las empresas.

A la fecha hay varias acciones judiciales en curso. Cada vez surgen más fallos, los más conocidos hasta ahora son los de las entidades financieras, dirigidos a reforzar la tendencia que permite a los jueces analizar cuál es la estructura de costos de una empresa.

“Es decir, supongamos que una compañía fija que va a cobrar por determinado servicio una comisión de $30 mensuales. Ahora, aparece el reclamo de las asociaciones de consumidores de reclamar si son $30 lo que corresponde cobrar o, si en función del servicio ofrecido y la estructura de costos, debió haberse cobrado $25”, ejemplificó.

“Otro caso puede ser el de los bancos que percibían, por aquellos deudores que entraban en mora, un cargo por una gestión de cobranza: $10 por la carta documento. Ahora, las asociaciones de consumidores analizan si son $10 o $7 lo que me tiene que cobrar”, aclaró.

-¿Qué es lo que les recomienda a los empresarios para estar preparados?

-Lo que les aconsejamos es asesoramiento preventivo. Lo que tienen que tratar de hacer es evitar el conflicto y las contingencias porque cuando aparecen son un dolor de cabeza.

No sólo eso, sino que en caso de prosperar estas demandas el costo (daño punitivo) puede elevarse hasta $5 millones.

Por ello, el experto recomendó analizar de dónde vienen los reclamos porque todas esas empresas tienen un sector de atención al cliente. Si se empiezan a quejar por un servicio, pueden actuar preventivamente y la posibilidad de ahorro es muy grande.

“Empiezan a salir fallos todo el tiempo. Por ejemplo, el de aquella persona que tomó un crédito en Salta, luego dejó de pagar, y dentro del contrato estaba pactado que la jurisdicción para el reclamo de ese crédito debía ser en la Capital Federal. La Justicia, siguiendo la legislación de defensa del consumidor, ordenó que si el deudor estaba en Salta, debían reclamarle allí porque era muy costoso el traslado”.

-¿Las empresas han tomado nota de este avance?

- La mayoría de nuestros clientes -bancos, compañías de seguros y telefónicas- están trabajando sobre eso. Están tomando nota porque la realidad es que han llegado nuevas acciones, algunas son disparatadas, pero lo que muestran es que hay asociaciones mirando.

Concretamente, las firmas frente a esta amenaza están controlando qué hay en el mercado, qué tipo de acciones se están promoviendo, contra quiénes, qué se reclama. Hay un monitoreo de cuál es la situación y una información a los clientes para saber qué es lo que está pasando. Eso los estimula a intentar prevenir futuros daños.

-¿Cómo vislumbra la segunda parte del año teniendo en cuenta la conflictividad gremial?

-El segundo semestre va a ser movido e interesante. Uno advierte que la crisis está afectando a la mayoría de los sectores. Por eso vislumbramos mucho trabajo, porque estamos focalizados en litigios y hay una litigiosidad creciente. Se debe analizar cada sector y cómo la va la actividad económica en cada uno, si el negocio no les resulta rentable no van a poder pagar los aumentos que están pidiendo.

En este marco, el experto advirtió que el foco de la preocupación debería ser mantener el empleo. "El que pueda pagar el aumento que lo pague, pero me parece que no se corresponde con la situación actual donde hay una caída del 40% del turismo, entre otras cosas cuestiones. Hay sectores que están pensando si pueden seguir teniendo el negocio".

-¿En qué otras áreas se percibe la inseguridad jurídica?

-La Ley de Riesgos de Trabajo (LRT) es otra de las temáticas que preocupa a los empresarios. Además de que todo el sistema de accidentes de trabajo está siendo cuestionado desde infinidad de fallos, ocurre que los empleadores se encuentran con que los condenan por sumas importantes cuando tienen una cobertura, es decir, cuando cumplieron lo que manda la ley.

Esta cobertura queda limitada porque las aseguradoras les dicen que cubren hasta cierto punto en función de lo que es el sistema, y todo lo que la Justicia condene a la empresa a pagar en exceso, lo tiene que pagar ella.

Aquí se introduce un factor que el empresario no ha tenido en cuenta al momento de contratar una aseguradora que es que igualmente no queda cubierto. Así es como hay una ley, pero está cuestionada judicialmente. Esto genera inseguridad jurídica que hace que el empresario no sepa dónde está parado.

-¿Hay un antes y un después de la crisis para el secreto bancario y los paraísos fiscales?

-La crisis internacional es un punto de inflexión indiscutible, en el sentido de que los países desarrollados y del primer mundo han advertido la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de los fondos. Esta necesidad está unida a un mayor control del lavado de dinero y la dedicación de los organismos internacionales de controlarlo.

En este marco, el abogado consideró que el debate que se plantea tiene otras implicancias de fondo. Se trata del derecho a no dar información sobre los fondos depositados en determinados lugares. La existencia de paraísos fiscales ha sido una fórmula de escape para eludir todo este tipo de controles y es claro que va a haber una mayor presión y un mayor control.

En ese sentido, auguró que es una tendencia que va a ir limitando esta posibilidad de manejar los fondos. “Va a haber una mayor apertura a requerimientos de información, pero siempre respetando el resguardo que estos países brindan”.

Fuente: www.infobaeprofesional.com