viernes, 26 de junio de 2009
Tras pasar una semana preso, Allen Stanford se declaró inocente de 21 cargos criminales ligados a un presunto fraude de 7.000 millones de dólares.
El ostentoso millonario y agente deportivo ha estado bajo custodia federal desde el 18 de junio, cuando se entregó al FBI en Virginia luego de que un gran jurado de Houston lo acusó de 21 cargos por conspiración, estafa y obstrucción de la justicia. El juez Frances Stacy aún tiene que decidir si Stanford sigue tras las rejas mientras espera el juicio que comenzará el 25 de agosto.
El caso de Stanford es el segundo de gran notoriedad que sacude la confianza pública en Wall Street y en el sistema regulatorio de Estados Unidos, luego de que Bernard Madoff, ex-presidente del Nasdaq, se declaró culpable de un inmenso fraude piramidal que podría haberle costado a los inversionistas hasta 65.000 millones de dólares.
Stanford está tomando el ansiolítico Ativan luego de haber recurrido al alcohol para lidiar con el estrés que le produce el caso, comentó su abogado penal en un documento.
El magnate fue trasladado a un tribunal de Houston a primeras horas del jueves luego de pasar una semana en centros de detención en Virginia y recientemente en Conroe, en el estado de Texas, a una hora de Houston.
Según la Comisión de Valores de Estados Unidos, Stanford, con la ayuda de ejecutivos de su firma y un importante regulador de Antigua y Barbuda, operó un “inmenso esquema Ponzi” o fraude piramidal durante más de una década, que se centraba en certificados de depósito de su banco en Antigua. Las autoridades de la isla arrestaron ayer al ex-jefe de regulación financiera Leroy King, luego de que el gobierno de Estados Unidos presentó la semana pasada cargos criminales contra él.
En un juicio civil relacionado, la Comisión de Valores acusó a Stanford de dar sobornos en la forma de 100.000 dólares en efectivo, entradas al Super Bowl y acceso a su flota privada de aeronaves.
El magnate de Texas dice que es inocente de los cargos y que su negocio multinacional era legítimo hasta que la Comisión lo “destripó” al presentar demandas civiles, que llevaron a la confiscación de todos sus activos.
Según el abogado penal de Stanford, su cliente no presenta riesgo de fuga, y el Gobierno no debería forzarlo a un “desfile policial” por el que el acusado es paseado con esposas frente a las cámaras de televisión.
Fuente: www.cronista.com
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