"Si Uruguay mantiene el secreto bancario, el acuerdo financiero no se firmará"

lunes, 01 de junio de 2009

El Gobierno no suscribió el memorando de intercambio de información financiera dentro del Mercosur.

El Gobierno no firmó el acuerdo de cooperación e intercambio de información financiera con sus pares del Mercosur, que estaba previsto suscribirse esta semana en Asunción. Brasil y Paraguay respaldaron la postura argentina, por la cual se requiere más tiempo para evaluar la decisión. El secreto bancario que defiende Uruguay es un escollo para la firma del memorando por la necesidad de las autoridades locales de controlar la fuga de capitales y el lavado de dinero vía esa plaza.

“Nosotros no estábamos seguros, en el caso de Uruguay, que haya cambiado la capacidad de saber en última instancia quién está interviniendo del otro lado, porque no vemos cambios normativos en ese país. Por más que se firme un documento, siempre está sujeto a las limitaciones de la legislación propia”, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Eduardo Hecker, en una entrevista con iProfesional.com.

Hecker también explicó el avance de la nueva normativa que impulsa el organismo para solucionar el riesgo del fiduciante en el mercado de fideicomisos que salió a la luz con el caso de la cadena de electrodomésticos Bonesi. “Donde sea que esté la ventanilla de cobro, tiene que producir en tiempo real una información que le demuestre al fiduciario que se están cobrando las cuotas y que ese dinero corresponde a la cuenta fiduciaria”, dijo.

En tanto, el organismo también propuso un monitoreo de las calificadoras de riesgo. Ya se encuentra en poder de la Presidenta un proyecto para que las universidades públicas nacionales controlen las calificaciones a empresas privadas; ya sea por muestreo o por pedido de la CNV. Hecker confía que antes de fin de año podrá ponerse en práctica.

-¿Se firmó el acuerdo con Uruguay?

-Tanto Brasil como Paraguay respaldaron la postura argentina de postergar la firma del acta del subgrupo 4 (del Mercosur). La reunión de Asunción va a terminar el jueves y va a producir un acta que, hoy por hoy, va a decir que Uruguay llama a una firma y donde Argentina dice que necesita más tiempo a la luz de la nueva normativa y ver casos concretos.

Hay quienes reprodujeron que estaba por firmarse un acuerdo que iba a permitir subsanar las limitaciones que tenía la resolución 554 -que obstaculiza las operaciones pactadas con activos de cotización pública vía el país vecino-. Pero no es así. El subgrupo que se reunió en Paraguay no podía firmar ningún acuerdo, porque es un grupo de trabajo que tiene nivel técnico; no participaron las autoridades de los reguladores ni las nacionales.

En general, los memorandos de entendimiento son bilaterales. No tenemos problemas en firmar un memo regional o multilateral, el problema es lo que está contenido. Nosotros no estábamos seguros, en el caso de Uruguay, que haya cambiado la capacidad de saber, en última instancia, quién está interviniendo del otro lado, dónde se pierden los rastros, porque no vemos cambios normativos en ese país. Por más que se firme un documento, siempre está sujeto a las limitaciones de la legislación propia.

-Es decir, que hasta que Uruguay no levante el secreto bancario…

-Cada país tiene sus secretos bancarios en su interior, pero hay un intercambio de información entre reguladores.

-¿Se esta negociando la apertura de información con Uruguay?

-Por supuesto. Veremos las condiciones en que los reguladores puedan ser informados. Si Uruguay nos da la misma información que, por ejemplo, Brasil, EE.UU., Chile, México, Alemania y Perú, no veo motivo para que no puedan operar los intermediarios locales con los intermediarios de esos mercados. Lo importante es saber quién es el comitente final o quién va a hacer esa inversión.

Nosotros no podemos hacer memorandos de entendimiento porque-con ellos- estamos permitiendo que los flujos de dinero vayan a esos países y no podemos controlar quiénes son los que operan. Pero no sólo por la fuga de capitales, sino por temas más severos, como el lavado de dinero y el narcotráfico, que son difíciles de controlar cuando el dinero pasa por mercados opacos, donde no hay transparencia y donde no hay información.

Lo más importante, si uno quiere dar una pelea en serio y evitar el doble discurso, es ir donde circula el dinero para perder el rastro, es decir, ir a los llamados paraísos. Y si los países no toman decisiones fuertes, muy difícilmente se pueda dar una batalla exitosa contra el lavado de dinero que emerge del narcotráfico, tráfico de armas y prostitución.

-¿Cuánto es el dinero que se va vía Uruguay? Sus autoridades hablan de u$s150 millones.

-Yo no lo sé. En cualquier caso, los países de opacidad informativa han sido refugio para la salida de capitales por parte de residentes locales. El año pasado fueron más de u$s20 mil millones de dólares. Puede ser que la fuga no sea hacia un paraíso, sino que sea plata que sale del circuito y que queda en las fronteras locales, y que después no se incorpora porque han sido dólares comprados fuera de la normativa. Pero no sé cuanto va a la plaza tal o cual.

-¿Entonces no se sabe de cuánto ha sido el impacto de la medida?

-Desde el punto de vista del mercado de capitales, las medidas que nosotros venimos tomando desde noviembre pasado han sido muy eficaces. La fuga de capitales que utilizó el mercado de capitales como sucedáneo del mercado cambiario se redujo enormemente. Hoy el mercado de capitales no está siendo usado para la fuga de capitales.

Fideicomisos

-¿Cómo impacta el caso Bonesi en el mercado de fideicomisos?

-No creo que tenga un impacto importante en el mercado de fideicomisos porque hay unos trece años de historia que sirvieron para financiar sobre todo empresas de consumo, y se han constituido en un instrumento importante. Hay una tradición que se ha revelado útil y donde no tenemos el impacto de un riesgo del instrumento en tanto el activo subyacente. La gente siguió, en medio de la crisis internacional y el impacto que haya tenido a nivel local, pagando sus cuotas.

Acá el riesgo estuvo asociado al fiduciante, a la casa de electrodomésticos, que retuvo el dinero que tendría que haber sido depositado en la cuenta fiduciaria, y eso es más sencillo de resolver. Porque sino estaríamos en presencia de un impacto de la crisis muy severo que haría que fuera imposible emitir fideicomisos más adelante.

-Hoy el mercado castiga más con una mayor tasa de interés a los fideicomisos que no cobran los bancos…

-Puede ser. Desde el punto de vista disciplinario la CNV instruyó cuatro sumarios. Uno a la calificadora de riesgo, por haber mantenido la calificación AAA, incluso cuando la empresa había concursado y retenido los fondos. Al propio fiduciante, por haber incumplido su compromiso, y a los fiduciarios, que son figuras centrales que tendrían que haber tomado acciones con anterioridad.

No significa que ya esté determinada la sanción. Esos sumarios implican descargos, investigaciones y una toma de decisiones. Las sanciones pueden ir desde nada, en caso de que no exista ninguna conducta que resulte inconveniente o incorrecta, hasta sanciones monetarias importantes, que podrían ser de hasta 1,5 millones de pesos.

-¿Cómo es la normativa que impulsa la CNV?

-Lo hemos consultado y conversado con todos los actores más activos del mercado de fideicomisos, en particular, con las cadenas de electrodomésticos, que son importantes a la hora de emitir fideicomisos. Por eso, la resolución general que salió este jueves.

El eje de la misma es que, donde sea que esté la ventanilla de cobro, tiene que producir en tiempo real una información que le demuestre al fiduciario que se están cobrando las cuotas y que ese dinero corresponde a la cuenta fiduciaria.

Probablemente, haya una primera etapa más artesanal. Eso quiere decir -que la información esté- en el mismo día pero no en tiempo real. Pero estamos pidiendo una adecuación tecnológica para que cuando se paga una factura se acredite en la cuenta fiduciaria. Que el fiduciario vea en tiempo real en su sistema mientras se paga y compare día a día con lo que debería haber ingresado ese día.

Tampoco quisimos solucionarlo sacando la ventanilla de pago al fiduciante, entre otras cosas, porque parte del negocio tiene que ver con que la gente vaya a pagar a los locales comerciales y esto ha funcionado relativamente bien en términos de cumplimiento.

Por otro lado, -se plantea- una mucho más rápida entrega, con tiempos definidos, del dinero físico. Cosa de evitar el riesgo fiduciante, que es lo que estuvo ahora en juego. El depósito tiene que hacerse en tiempos breves y perentorios establecidos con máximos. Hasta ahora había usos y costumbres en los cuales el dinero que cobraba el fiduciante podía estar en sus manos o en otros usos y no en la cuenta fiduciaria por un tiempo laxamente largo. Ahora vamos a establecer claramente los tiempos.

También hay que tener un equilibrio respecto de aquellos fiduciantes que tienen casas en el interior y tienen más complejidad para el depósito, pero vamos a encontrar soluciones intermedias para tener un rol riguroso y contemplar las distintas situaciones.

-El pago se verá online, entonces

-La solución es más por el camino de lo tecnológico y eso es lo que nos pareció más apropiado. El programa lo tiene que desarrollar cada fiduciante, que puede tener cuentas fiduciarias en diversos bancos. Puede haber distintos programas con distintos fiduciarios. Nosotros les pedimos que hagan un esfuerzo y desarrollen el software para que provean una solución tecnológica.

Calificadoras de riesgo

-Asociado al caso Bonesi, la CNV estaría estudiando una nueva normativa para las calificadoras de riesgo.

-Está asociado a este tema por el caso particular de una de las calificadoras que mantuvo la calificación AAA a un fideicomiso defaulteado. Esto evoca en buena medida lo que pasó con la crisis subprime, en EE.UU., y replica las conductas de las calificadoras.

Hoy en día, en distintos países se estudia qué hacer con las calificadoras de riesgo. Pero hay un conflicto de intereses que reside en que quien paga la calificación es quien la recibe. Ahí se produce algo muy difícil de controlar así como está y creo que los códigos de conducta no alcanzan.

Avanzamos en un proyecto que tiene que ser aprobado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que hemos enviado con ese propósito a la secretaria Legal y Técnica para que lo considere la Presidenta.

Consiste en un sistema de monitoreo de las calificaciones que hacen las calificadoras privadas a través de las universidades públicas nacionales. Estas deberán pasar por un concurso para seleccionar un número acotado, digamos cinco, para que desarrollen todas sus capacidades y sean evaluadas en término de poder hacer el proceso de calificación de riesgos.

Nos va a permitir tener una calificación testigo para monitorear, en forma muestral o asignando directamente los casos, las calificaciones que hacen las empresas privadas. Se establece un control ex ante, tal que las calificadoras saben que su proceso de calificación, sometido al conflicto de intereses que no se ha eliminado, por lo menos va a ser mirado por el regulador. El proyecto implica resolver el conflicto de intereses y que el regulador tenga alguna capacidad de intervención

-¿Las calificaciones se revisarán para adelante?

-Cuando entre en vigencia probablemente va a haber procesos de calificación, por ejemplo, trimestrales en curso, que podrán ser revisados en cualquier momento por un sistema de muestreo aleatorio o cuando haya una duda específica dirigida por parte del regulador.

Al ser mirado el proceso de calificación, seguramente, va a haber una primera etapa en que habrá un ajuste de las calificaciones hacia una mejor calidad de calificación porque pega directo en el conflicto de intereses.

Además, nos permite a nosotros, como reguladores, opinar sobre la calificación en sí misma. Si no, siempre podríamos opinar ex post, cuando se produce el hecho -como las subprime en EE.UU. o Bonesi en Argentina-. Ahora se instruyen sumarios. De la otra manera, teniendo un instrumento de calificación, se corrige a una mayor neutralidad por parte de las calificadoras porque saben que están siendo seguidas. En segundo lugar, si vemos que así y todo hay desvíos, podemos actuar, probablemente, antes de que se produzca el hecho.

-¿Podría generarse un conflicto de intereses con el regulador?

-El ente regulador no califica. Podrá pedir explicaciones y podrá contrastar, pero no califica. Y la universidad pública nacional es una institución académica, no es el Estado en sentido de la administración central, sino que es autárquica, independiente, académica. Cada una tendrá que concursar y muchas universidades tienen autoridades de distinto color político. Pero me parece importante que sean públicas sino se estaría controlando reproduciendo el conflicto de intereses (actual).

-¿Cuando entraría en vigencia este monitoreo y de cuánto es el presupuesto para implementarlo?

-Espero que pueda entrar en vigencia a fines de este año. Porque requiere un proceso. Si se aprobara ya la norma, se requiere que las universidades se pongan en marcha, redacten sus manuales, armen sus equipos y hacer el concurso. El presupuesto para implementarlo es relativamente pequeño, no lo conozco con exactitud.

Fuente: www.infobaeprofesional.com