La CNV estudia la creación de una calificadora que controle a las calificadoras

viernes, 20 de marzo de 2009

Una mayor regulación sobre las calificadoras de riesgo podría entrar en discusión en medio de rediseño internacional de la regulación financiera

Ya nadie considera que la crisis que vive el mundo es sólo financiera. No hay lugar en el planeta en que el comercio y el consumo no estén comprometidos, y la producción y el empleo sienten los efectos adversos.

Pero el gran responsable del estallido de la peor crisis desde la década del 30 fue el control insuficiente por parte de los organismos nacionales y multilaterales para contener la innovación financiera y supervisar el excesivo apalancamiento de las inversiones. Hoy el mundo se dirige a una revisión del sistema regulatorio y al diseño de un nuevo esquema para supervisar las inversiones financieras.

En Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estudia la creación de una calificadora adicional, apoyada en el asesoramiento de las universidades, para controlar el servicio que proveen las calificadoras de riesgo.

A ello se refirió el presidente de la CNV el miércoles en un seminario organizado por la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES). Y opinó que Argentina debería avanzar a un mecanismo global de regulación, en vez del vigente donde entes separados controlan los distintos segmentos del sistema financiero.

“Hay una propuesta que se está estudiando al interior de la CNV para crear alguna suerte de evaluadora de riesgo adicional, a través de las universidades, para controlar qué hacen las calificadoras de riesgo”, dijo Hecker.

El riesgo soberano y corporativo, en duda

Las calificadoras de riesgo son entidades que brindan a los inversores el análisis de la capacidad y voluntad de pago de una empresa o Estado asociada con emisiones de valores de renta fija.

Durante la crisis de 2001, los argentinos seguían día a día el riesgo país, que trepó hasta niveles celestiales, y que determina la sobretasa que debe pagar Argentina, para endeudarse, sobre el interés del Tesoro.

“Durante muchos años, el mundo confió que lo que decían las calificadoras era serio. Los riesgos soberanos generaban profecías autocumplidas”, dijo Hecker.

Las calificadoras quedaron en la línea de fuego al evidenciarse el conflicto de intereses por el cual la calificadora que evalúa el riesgo crediticio de una empresa o Estado tiene el incentivo de dar una nota adecuada por el hecho de cobrar por ese servicio. En tanto, se puso en tela de juicio su rol, ya que desde que estalló la crisis asiática, en 1997, han colapsado títulos muy bien calificados y que resultaron ser un fiasco.

“En la nueva arquitectura internacional se habla de hacer algo, alguna intervención del Estado, porque los Estados deben intervenir y controlar”, dijo Hecker. Para el directivo, una calificadora que controle a las existentes podría “garantizar que la gente sea informada para tomar decisiones de inversión”.

Esta misma idea había sido impulsada hace dos semanas por el ministro de Economía, Carlos Fernández, al solicitar “que los reguladores nacionales hagan cumplir efectivamente a las calificadoras de riesgo los estándares existentes de sanas prácticas. Esto daría transparencia a las evaluaciones que estas agencias realizan”.

Son cuatro las calificadoras presentes en el mercado argentino: Evaluadora Latinoamericana, Fitch Argentina, Moody´s Latin America y Standard & Poor´s, de las cuales la CNV lleva un registro y hace cumplir las formalidad de entrega de balances, actas de directorio y asamblea, estatutos y manuales de calificación. Las entidades no respondieron la consulta de iProfesional.com.

A pesar de las críticas, las empresas continúan solicitando los servicios de las calificadoras por el efecto favorable en el costo de financiamiento, ya que lo hace más barato por ofrecerle más información al inversor. Pero, además, porque la mayoría de los mercados exigen dos calificaciones para emitir deuda o como les sucedía a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), que no podían tener títulos en cartera sin calificación de riesgo.

Nueva arquitectura financiera internacional

Junto con la calificación de riesgo, Hecker evaluó que también entraron en crisis la regulación financiera, la autorregulación de los mercados y la confianza de las empresas.

Así, la crisis internacional disparó la discusión sobre los modelos regulatorios en el mundo. Para el funcionario, “Argentina debería avanzar a un mecanismo más global de regulación” porque, explicó, los conglomerados financieros actúan en distintos segmentos simultáneamente (bancario, de seguros, bursátil) mientras que los reguladores, sólo en un mercado, aunque existan mecanismos de coordinación entre ellos.

Esta forma de regulación integrada, propuesta por el directivo, es la que llevan adelante, por ejemplo, Inglaterra -con el superente Financial Authority Service (FAS)- y Colombia -con el ministerio de Hacienda y Crédito Público-.

El esquema regulatorio argentino está atomizado, al prever un ente por rama de actividad financiera: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) -que controla a los bancos-, la CNV – que controla el mercado de capitales-, la Superintendencia de Seguros de la Nación –que controla a las compañías de seguros- y, hasta octubre, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

En tanto, en 2004, se creó, por decreto, un Gabinete de Coordinación de Regulación y Supervisión Financiera para organizar las posibles fallas de coordinación, que además de las entabladas entre reguladores y conglomerados financieros privados, incluye la regulación de conglomerados públicos, como el del Banco Nación y Provincia de Buenos Aires.

El economista del Centro para la Estabilidad Financiera Pablo Souto explicó que las ventajas de unificar la regulación en un solo ente evita el arbitraje regulatorio por el cual los conglomerados financieros pueden desviar operaciones por sus distintos brazos –seguros, bancarios, bursátiles-. En tanto, es preferible a buscar mecanismos de coordinación e implica menores costos para los regulados y mayor sinergia del ente regulador. Como desventajas, Souto mencionó la concentración de poder y la ineficiencia.

Esta revisión viene a cuento de la discusión que se está dando a nivel internacional de la nueva arquitectura financiera, que tendrá un capítulo fundamental en la próxima cumbre del G20, en Londres.

El Gobierno quiere que el FMI flexibilice su función de prestamista, es decir, un mayor acceso, menor costo financiero, sin condicionalidades y revisión de los instrumentos existentes. Respecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pretende que aumente su capacidad de crédito, ya sea con aportes de capital o flexibilizando los parámetros de apalancamiento.

Sin embargo, Hecker no cree que el FMI se vuelva “un prestamista de bajos niveles de condicionalidad” y consideró que los países emergentes no tiene el poder para imponer esas nuevas condiciones.

Por lo pronto, cada vez es más notoria la necesidad del gobierno argentino de recurrir al financiamiento de los organismos multilaterales para afrontar los compromisos de deuda pública ante la menor entrada de divisas del comercio internacional.

Verónica Dalto

Fuente: iProfesional.com