Posible Regulación a las Agencias Calificadoras de Riesgo en Europa

por Ariel Sternschein

martes, 09 de noviembre de 2010

El 26 de agosto pasado, el periodista Dan O’ Brien, editor de la sección economía del diario “The Irish Times”, que se edita en Dublín, se refirió, en una columna, al impacto generado por el anuncio que la agencia Standard and Poor’s formuló el día 24 de ese mes, rebajando la calificación de los títulos públicos del gobierno irlandés.

En el primer párrafo de su análisis, O’ Brien escribe: “Another day, another rating agency blunder”. De acuerdo con el Diccionario “Simon and Schuster’s”, el término “blunder” tiene diferentes acepciones en nuestro idioma, como ser “error craso”, “disparate”, “desacierto” e incluso “patochada”.

El resultado de ese proceder fue previsible, añade O’ Brien, subrayando que los bonos perdieron atractivo para sus tenedores y que la emisión de deuda nueva tendrá, muy probablemente, un costo mayor para los contribuyentes irlandeses en un futuro cercano.

Standard and Poor’s, junto con Moody’s y Fitch dominan el mundo de las calificaciones crediticias, conformando de tal manera un oligopolio global y los países, a nivel individual, poco han hecho hasta el presente para evitar o aplacar las consecuencias que el obrar de tales agencias ha producido.

No son pocas las voces que acusan a estas firmas de exacerbar, en los últimos años las turbulencias padecidas en los mercados financieros de Europa, pero algunos expertos creen que han sido los gobiernos, quienes permitieron que esas empresas concentren demasiado poder.

La responsabilidad no es un término comúnmente asociado con las calificadoras, en particular después de verificarse que ciertas prácticas de las tres grandes firmas, resultaron ser algunos de los ejes del empeoramiento de la economía en los países centrales.

En octubre de 2008, José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea (y anteriormente Primer Ministro de Portugal), creó un Comité para delinear la agenda de reformas post crisis y designó titular del mismo a Jacques de Larosière, quien se desempeñó como Director Gerente del Fondo Monetario Internacional entre 1978 y 1987.

De Larosière preparó un informe en el que aconseja varias modificaciones respecto de la actividad financiera en general y, de las agencias calificadoras en particular, proponiendo que éstas sean supervisadas por una autoridad regulatoria continental, lo que ha sido visto con buenos ojos por diferentes gobiernos de Europa.

En consecuencia, las agencias calificadores podrían estar sujetas, en un futuro, a diferentes controles y reglas, no obstante lo cual, algunos analistas temen que una excesiva regulación acabe por desalentar la competencia en un sector que, como se señaló, responde a las características de un oligopolio.

En Alemania, el Ministro de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle ha sostenido en su momento que estas agencias no deben desarrollar, comercializar y calificar productos financieros en forma simultánea. El economista Peter Bofinger afirmó, en el diario “Die Welt”, que “El bienestar de Europa no puede depender de las agencias de calificación”.

Las agencias brindan estas estimaciones a inversores y bancos, creando un conflicto de intereses cuando califican a las propias entidades que compran sus servicios.

Una función de las calificadoras es determinar el riesgo de los bonos que emiten los gobiernos, utilizando a tal fin una escala que se extiende desde el grado AAA para los más seguros, hasta el D, para aquellos que se encuentran cerca de un potencial default. De allí surge el concepto de “riesgo país”, que como se sabe, es una expresión que alude a las dificultades que pueden correr los bonistas para reembolsar sus acreencias.

Al desmejorar la calificación de los títulos gubernamentales se crea una situación de incertidumbre que, según observadores, afecta la denominada “estabilidad sistémica”.

Las Agencias, que han venido ofreciendo sus servicios desde los años 70, no son supervisadas en los EE.UU por la SEC (Securities and Exchange Commission) y han sorteado con éxito acciones legales arguyendo que sus calificaciones solo son opiniones, que en definitiva se encuentran amparadas por la Primera Enmienda de la Constitución de su país, que garantiza el derecho a la libertad de expresión.

Las firmas han sostenido que desarrollaron este sistema de graduación para indicar la seguridad de las inversiones, ya sea que los productos financieros sean emitidos por empresas, bancos o países.

No sólo en el viejo continente ha sido cuestionado el obrar de estas empresas. Basta recordar que en los años previos a la crisis sufrida por México en 1994-95, se hicieron recomendaciones para invertir en ese país, con fundamento en las políticas económicas implementadas por la gestión que, en 1988, inició Carlos Salinas de Gortari.