Secreto bancario

Secreto bancario: Uruguay dirá de quién son los u$s 3.000 millones de argentinos

jueves, 21 de octubre de 2010

El gobierno uruguayo y la oposición política de ese país avanzan en forma decisiva para consensuar en el Congreso un proyecto de ley que buscará flexibilizar el secreto bancario, verdadera piedra de toque del sistema financiero uruguayo y cláusula estelar por la cual u$s 3.000 millones en depósitos de argentinos, un 25% del total del sistema financiero uruguayo, descansan del otro lado del charco.

El proyecto, que fue aprobado el último jueves por la Comisión de Hacienda del Senado uruguayo, involucra el acceso a información de naturaleza financiera y la ampliación de las facultades de la Dirección General Impositiva uruguaya (DGI) para pedir que se levante el secreto bancario. Esta iniciativa, que también plantea cobrar impuestos a la renta a las cuentas de extranjeros residentes en Uruguay, ahora tendrá que ser votada en pleno por ambas cámaras del Parlamento uruguayo y se espera que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2011.

La alarma se encendió a partir del liviano y poco ilustrativo debate entre el Frente Amplio y el Partido Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado uruguayo, lo que evidenció la urgencia de estos partidos en buscar rápidos márgenes de acuerdo.

Si bien el escueto reproche del sector privado de ese país –y el lobby de los bancos– ha mostrado una estable resistencia, José “Pepe” Mujica, el presidente uruguayo, ha señalado que es indispensable que no se asocie a Uruguay con un paraíso fiscal. Los bancos pretendían hacer una fuerte distinción entre el intercambio de información financiera con el exterior respecto de la potestad de la DGI para levantar el secreto bancario a nivel local. Sin embargo, este planteo quedó a mitad de camino. El proyecto también establece un procedimiento para que Uruguay ofrezca información financiera a otros países, como consecuencia de los tratados de información.

Para los depositantes argentinos en Uruguay, el problema es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mantiene a Uruguay en la lista ‘gris‘ junto a Austria –Suiza acaba de salir– y Bélgica, entre otros, por no colaborar con el acceso a los datos bancarios. Para salir de esa lista, Uruguay debe firmar al menos 12 tratados de intercambio de información con otros países.

La primera de las malas noticias para los depositantes argentinos es que si bien Uruguay lleva firmados 6 tratados, y existen posibilidades de que firme otros 6 para salir de esa lista, de todas formas la OCDE podría impulsar (bajo pena de incluirlo nuevamente en la lista de paraíso fiscal) la concreción de un tratado número 13 de intercambio de información con Argentina, argumentando “cercanía geográfica” o la “presunción de ahorro que busca escapar al fisco”. La segunda, que la OCDE exige que estos tratados “se pongan en práctica”, es decir que los bancos uruguayos le faciliten los datos a la AFIP local en caso que ésta se los solicite.

Sin embargo, Pablo Ferreri, titular de la Dirección General Impositiva uruguaya (DGI), le dijo al matutino El Observador que “por ahora ni oficialmente ni extraoficialmente Argentina planteó firmar un acuerdo”. En este punto varios legisladores uruguayos manifestaron que las publicitadas intenciones del gobierno argentino –mediante la AFIP, la Comisión de Valores y el Banco Central– de celebrar intercambio de datos tuvieron más componente político que una intención práctica. De todas formas, a Uruguay lo corre la OCDE, no la Argentina. La mala noticia para aquellos con ahorros en Uruguay es que la reforma decantará muy probablemente en la obligatoriedad de Uruguay para firmar con Argentina un tratado de intercambio de información financiera y de datos hoy protegidos por el secreto bancario.

Hasta hoy, Uruguay es visto por los argentinos como un país donde resguardar sus ahorros, lejos de la nefasta historia de devaluación, confiscación e hiperinflación criolla, pero también de las cargas impositivas que deben enfrentar aquellos que declaren esos ahorros en el país. Hay quienes sostienen que la desaparición del secreto financiero supondría una gran pérdida económica para el país, pues reduciría sustancialmente la aportación del sector financiero al PIB. A la vez, que disminuirá sustancialmente el flujo de capitales hacia esa plaza desde la Argentina y Brasil. En rigor, el flujo de fondos hacia Uruguay ya mermó: en lo que va del año, los depósitos de no residentes se mantienen sin cambios, cuando hasta no hace mucho tiempo crecían a un ritmo superior al 20% anual. Hasta dónde esto se debe a la merma en la fuga de capitales locales o a un temor en los futuros cambios de la normativa uruguaya todavía está aún por verse. Los depósitos bancarios en Uruguay totalizaban en septiembre unos u$s 13.600 millones. A comienzos de 2011 esa cifra podría disminuir... 

Fuente: El Cronista