Finanzas

Secreto bancario: Uruguay flexibilizaría el régimen y hay alarma en plaza local

miércoles, 26 de mayo de 2010

El Gobierno del vecino país enviará al Parlamento un proyecto de ley por el cual se amplía la intervención en las cuentas de los no residentes. El ministro de Economía de Uruguay, Fernando Lorenzo, aseguró que, de aprobarse, la medida se podrá aplicar en el caso de que la DGI lo solicite

 El gobierno del presidente uruguayo José Mujica enviará esta semana al Parlamento un proyecto de ley para facilitar el levantamiento del secreto bancario en caso de sospechas de ilícitos.

Dado que el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, se presume que el proyecto sería aprobado sin mayores dificultades.

Al conocerse la noticia, en el ámbito bancario uruguayo circularon versiones de alarma, en el sentido de que se podría generar una fuerte salida de capitales, especialmente por parte de ahorristas argentinos que podrían sentirse afectados.

Los depósitos de no residentes que están en el sistema bancario uruguayo ascienden a u$s3.800 millones. Aunque los datos no están desagregados por nacionalidad, se sabe que la mayoría de estos fondos provienen de ahorristas argentinos.

El proyecto de ley no levanta el tradicional secreto bancario, pero amplía las motivaciones por las cuales la Dirección General Impositiva uruguaya puede solicitar la intervención de la Justicia.

En el régimen legal vigente, la DGI puede solicitar a la Justicia el levantamiento del secreto en casos de exista presunción de defraudación. La Justicia tiene un plazo de 30 días hábiles para expedirse. Si no lo hiciera, el secreto se levanta.
Con el proyecto de ley que se presentará, se modificará ese criterio. "Ya no sería imprescindible que se encuentre en un proceso por defraudación, sino a (los) efectos de fiscalización", dijo el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara a la prensa uruguaya.

Es decir, si la DGI está fiscalizando a un contribuyente podrá pedir el levantamiento del secreto, aunque no presuma que exista una evasión de impuestos. Además podrá pedirlo para todo tipo de colocaciones y no solo cuentas corrientes y cajas de ahorro como hasta ahora.

Por su parte, el ministro de Economía de Uruguay, Fernando Lorenzo, explicó el alcance de la iniciativa legislativa: "Si la DGI (Dirección General Impositiva) tiene alguna denuncia sobre algún contribuyente, podrá ahora solicitar, de forma expresa y fundada, ante la Justicia, el levantamiento", dijo el ministro.

En un documento del gobierno uruguayo titulado "Insumos para la elaboración del proyecto de ley que extiende el IRPF y modifica el secreto bancario", se señala que la solicitud de la DGI "deberá estar debidamente fundada y cumplir con la condición de necesidad en la verificación de la veracidad e integridad de las declaraciones juradas de los contribuyentes o la falta de ellas".

El pedido deberá ser "a título expreso, con esto se descarta toda posibilidad que se pueda solicitar información con carácter general", agrega.

Bergara afirmó ayer que "esto no puede degenerarse en que la DGI termina pidiendo la información de todo el mundo, porque si no hay una cuestión que degenera un poco la lógica".

"Esto es una cuestión individual caso a caso, que la DGI no puede pedir con carácter general", reafirmó.

La otra causal por la cual la DGI podrá pedir a la Justicia el levantamiento del secreto "se asocia al cumplimiento de solicitudes en el marco de los convenios internacionales para intercambiar información o para evitar la doble tributación", puntualizó el titular del BCU.

Uruguay ha negociado (y ya ha firmado en algunos casos) 12 convenios de ese tipo. En ellos se establece que si un país pide información a Uruguay -y viceversa-, no se podrá negar por la existencia del secreto bancario.

"Si la información es solicitada por algunos de los países con que Uruguay firme o firmó convenios de intercambio de información tributaria o convenios para evitar la doble tributación también en ese caso la DGI va a poder pedirle a la Justicia el levantamiento del secreto bancario", indicó Bergara.

Consultado respecto a qué criterios tendrá el juez para oponerse, expresó que "hay que ser muy cuidadoso en el cumplimiento de los convenios" y que en el otro caso dependerá de los datos que provea la DGI.

Fuente: iProfesional